Ayer aquí recordé que el testigo “estrella” de la 4T para el caso Iguala, Gildardo López Astudillo, es uno de los nueve Guerreros Unidos que fueron torturados y por esto fue liberado en 2019, pero no porque su sola confesión lo hubiese llevado a la cárcel, sino porque el sectario ex fiscal especial Omar Gómez Trejo no defendió las 110 pruebas que pesan en su contra, 81 de las cuales fueron sospechosamente desestimadas bajo el supuesto de que se obtuvieron “de manera ilegal”.
Conocido en su banda como El Gil o El Cabo Gil, poco después de su salida empezó a ser usado por la mentirosa comisión de la verdad y el MP federal, cobijado bajo el mote Juan.
De su detención (septiembre de 2015), el entonces comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia (actual fiscal general de Campeche), dijo que “diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 normalistas”, y que otro relevante criminal, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, dijo que El Gil fue quien informó al capo mayor, Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, sobre la presencia de los estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014, advirtiendo que eran de un grupo rival, Los Rojos, lo que desató la persecución, el levantamiento y la masacre.
La liberación de López Astudillo, ordenada por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, fue una de 44 ejecutadas en serie y que habían sido perfiladas por la escandalosa y demoledora sentencia del primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, quien dio por “torturados” a más de 70 de los acusados y ordenó reponer el procedimiento, descalificando implícitamente la división de poderes y negando las facultades de persecución, investigación y ejercicio de acciones penales de la extinta PGR.
La delirante sentencia fue celebrada por los detractores de la “verdad histórica”, pero ahora, comenzando por el decepcionado y confrontado presidente López Obrador, se arrepienten.
Al día siguiente de la liberación de El Gil, el abogado de los padres de Los 43, Vidulfo Rosales, opinó:
“La resolución sienta un precedente relevante en nuestro país, tanto para el caso de Ayotzinapa, que echa por tierra una verdad oficial (…), pero también es importante para el resto de las víctimas del país (…) porque hace énfasis en la prohibición de la tortura como método de investigación…”.
Al respecto, el mismo Tribunal (en zona narca) urgió a la realización de peritajes independientes que cumplieran con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
La Fiscalía Especial pudo exhibir esos precisos exámenes, porque los practicó la independiente CNDH y su Oficina Especial del caso, y estaban expeditos para tales efectos desde el primer día de este gobierno.
Se acreditó tortura solo en nueve casos de las 72 quejas presentadas.
De haberlos exhibido la 4T, se habría evitado la indebida desbandada liberatoria de autores de los atroces hechos de la noche de Iguala…
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/los-torturados-del-caso-iguala_3
